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La crisis financiera del municipio Por Jesús Ibarra |
La crisis financiera mundial no sólo ha alcanzado a particulares y a empresas, sino a los mismos gobiernos en sus tres niveles, federal, estatal y municipal. El gobierno municipal de San Miguel de Allende no es la excepción.
Además de haber sido afectado por la crisis y de haber heredado una deuda de la administración 2003-2006, el actual gobierno contrajo dos créditos más para llevar a cabo obra pública, y tuvo que reintegrar una fuerte cantidad por un mal manejo de recursos que se dio durante la anterior administración.
A mes y medio de dejar la administración, el actual gobierno municipal, según manifestó el tesorero Eduardo Soria, ha detenido parcialmente los pagos a proveedores y ha reducido los salarios de los regidores, entre otras medidas de austeridad para reducir gastos.
La deuda
Según Soria, la actual administración recibió una deuda de 33.5 millones de pesos de la anterior administración 2003-2006. “Este dinero apoyaba cuatro proyectos importantes entonces en proceso: la remodelación del mercado San Juan de Dios, la construcción del nuevo hospital, el nuevo edificio administrativo, el Puente del Fraile y la compra de maquinaria y equipo,” comentó Soria, quien añadió que en el 2007, se contrajo una nueva deuda por 15 millones de pesos. “Reestructuramos la deuda y ampliamos el crédito en 15 millones, con condiciones favorables para el municipio, con una tasa fija de 1.5 por ciento anual.”
Soria manifestó que el presupuesto del municipio se incrementó de 335 millones de pesos al año en 2006 a 660 millones en el 2009, esto gracias al cabildeo del presidente municipal Jesús Correa con el estado y la federación.
Al final del 2008, la Tesorería detectó que las necesidades del municipio eran superiores al presupuesto anual. “Pedimos al Ayuntamiento la autorización de un nuevo crédito por 20 millones de pesos para la construcción del paso a desnivel en Calzada de la Estación,” dijo el tesorero. “Sin el crédito las opciones era o subir los impuestos o bien, no hacer obra pública.” Manifestó que el paso a desnivel tiene un costo de 54 millones de pesos, de los que el gobierno del estado está aportando 36 millones y 18 el municipio. Sin embargo, señaló también que del préstamo de 20 millones sólo se han dispuesto 10, y el resto no se ha tocado. “La ciudad está creciendo y tiene mayores necesidades; actualmente más comunidades rurales ya cuentan con servicio de seguridad pública y de recolección de basura.” comentó Soria.
Según el tesorero, la deuda total suma 58 millones, de los que ya se han pagado 17, por lo que aún se adeudan 41 millones. “Estamos dejando el municipio con mucha infraestructura y con una deuda bien manejada. Es importante decir que nuestra capacidad de endeudamiento es de 150 millones de pesos; tenemos un endeudamiento de la tercera parte de nuestra capacidad”.
Los 22 millones del Ramo 33
El Ramo 33 es un fondo federal para que los municipios hagan obra pública relacionada con salud, construcción, servicios de agua y luz, en áreas de pobreza extrema. Según Soria, algunos recursos del Ramo 33 fueron mal aplicados durante la administración 2003-2006. “En el 2007, fuimos auditados por la Auditoría Superior de la Federación, quienes determinaron que los trabajos, en que estos recursos fueron aplicados no cumplían las condiciones de pobreza extrema, por lo que se decidió que la administración debía reintegrar esos recursos (20 millones más 2 de intereses) al Ramo 33. Los recursos no se perdieron pues se usaron para obra pública que realmente beneficiaban a sitios de extrema pobreza.”
Medidas de austeridad
Según Soria, la crisis financiera mundial, añadida a la contingencia por la influenza, afectó seriamente las finanzas del gobierno municipal. “Después de la contingencia, la economía se detuvo en San Miguel como en todo el país. Las actividades regulares como eventos y fiestas eran nulas, por lo que la recaudación también fue nula. Esto afectó seriamente nuestra situación financiera,” dijo.
Actualmente, el gobierno ha establecido medidas de austeridad para evitar mayores gastos. Soria asegura que no se ha suspendido el pago a proveedores en su totalidad, y que se les paga conforme los ingresos lo permiten. Entre otras medidas, no se permiten llamadas a celulares dentro del edificio administrativo.
Según Soria, la deuda a proveedores asciende a 5 millones de pesos, “cantidad que puede variar según los gastos y pagos que se hagan”, dijo. Añadió que el gobierno municipal tiene también una deuda con Comisión Federal de Electricidad, que se renegoció de 9 millones de la deuda original a 4 millones. “Estaremos pagando estas deudas conforme nuestras finanzas nos lo permitan, para tratar de reducirlas lo más que podamos; sin embargo, la siguiente administración tendrá que terminar de liquidarlas.
Añadió que uno de los principales gastos del gobierno son los 3.5 millones que se pagan en salarios cada catorcena. “No hemos fallado con el pago de su sueldo a los empleados,” dijo. A finales de agosto, l regidor Jesús Rangel Bautista, del Partido del Trabajo, sugirió, como medida de austeridad, reducir en un 25 por ciento el salario de los regidores. La propuesta fue aprobada por el resto del Ayuntamiento excepto por los tres regidores del PRD.
El regidor del PAN, Gerardo Arteaga, dijo que la medida no se hizo con la intención de perjudicar a nadie. “Todos los gobiernos estatales y municipales del país están reduciendo sus salarios,” dijo. “Un buen ejemplo sería Nuevo León, quien redujo el 30 por ciento de sus salarios. En este estado ambas administraciones son del PAN.”
Otra propuesta de Rangel Bautista, de reducir el salario de los directores no fue autorizada por el Ayuntamiento
La presidenta municipal electa comenta la crisis financiera del actual gobierno
Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar el 28 de agosto, la presidenta municipal electa, Lucy Núñez, habló sobre la deuda que la actual administración le está heredando, y sobre las medidas de austeridad que se están tomando.
La deuda
Comentó que la actual administración duplicó la deuda que recibió de la administración 2003-2006. “Recibieron una deuda de 30 millones y nos están dejando una de 60,” dijo.
Medidas de austeridad
Núñez mencionó que el gobierno municipal ha sido tan mal administrado que no hay dinero ni para pagar a proveedores, puesto que estos pagos han sido totalmente suspendidos. “La actual administración debe 10 millones en el rubro de acreedores diversos”.
Comentó que hay un exceso de empleados trabajando en el municipio; en este punto, el tesorero Soria estuvo de acuerdo, cuando se le pidió un comentario al respecto.
Respecto a la baja en el salario de los regidores, la presidenta electa consideró la medida como una agresión a su gobierno y a su futuro Ayuntamiento. “Por qué no cancelar mejor el bono de retiro de 100 mil pesos de los directores, en ves de golpear al gobierno ciudadano con esta medida”, comentó.
Al pedírsele un comentario, el regidor Arteaga señaló que no es posible cancelar el bono de retiro para los directores ya que es un derecho que tienen por ley. Añadió que la medida de reducir los salarios de los regidores beneficiará a la presidenta electa puesto que gracias a estos ahorros se le autorizó un bono de transición por 150 mil pesos.
Deuda del municipio según la actual administración
Deuda heredada de la anterior administración 33 millones de pesos
Crédito contraído en 2007 15 millones de pesos
Crédito contraído en 2008 10 millones (de 20 que se pidieron)
TOTAL 58 millones de pesos
Pago realizado 17 millones de pesos
SALDO 41 million pesos
(El interés de 1.5 por ciento anual (aproximadamente 600 mil pesos anuales) es equivalente al salario anual de dos directores)
Acreedores diversos 9 millones de pesos
Deuda según la administración entrante
Adeudo total: 60 millones de pesos
Acreedores diversos 10 millones de pesos
Consulta pública de los planes parciales de desarrollo
Durante la conferencia de prensa del 27 de agosto, la presidenta electa Lucy Núñez dijo que la consulta pública de los planes parciales de desarrollo (ver Atención, agosto 28) carecieron de los criterios técnicos que deberían haber tenidos. “En vez de abrir un solo módulo en el edificio antiguo de la presidencia debieron haber abierto módulos en cada una de las 11 microrregiones”, dijo. “No entregaron las versiones completas de los planes parciales a las asociaciones y colegios que los solicitaron, sino sólo versiones abreviadas; además de que esos planes intentan modificar el plan de ordenamiento territorial autorizado”.
Como el director de Desarrollo Urbano no estuvo disponible para comentario, el regidor panista Gerardo Arteaga, miembro de la Comisión Plural para la Consulta Pública de los Planes Parciales de Ordenamiento (los otros miembros eran los regidores Estela Campos, del PRD; Uriel Bautista del PRI; y Jesús Rangel Bautista, del PT), citó el tercer párrafo del artículo 76 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guanajuato, que dice que.
Formulado el proyecto de plan, será presentado al Ayuntamiento que en su caso, acordará someterlo a consulta pública, dándolo a conocer en los estrados de la Presidencia Municipal y facilitando copias de su versión abreviada a las personas, instituciones y asociaciones de todos los sectores que lo requieran, para que formulen por escrito las observaciones, comentarios y proposiciones al mismo;
Sin embargo, Arteaga mencionó que la convocatoria de la consulta pública especificaba que aquellas asociaciones o colegios interesados en los planes, podían acudir antes del evento a la Dirección de Desarrollo Urbano para obtener la versión completa.
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