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Extranjeros en su propio pueblo

Por Jesús Aguado

“¿A dónde nos vamos a ir si no nos quieren en nuestra propia ciudad?” Pregunta preocupado Javier González, habitante de la comunidad San Lucas, ante el constante asedio de los inspectores de Servicios Públicos para que no venda sus artesanías de madera y alimentos del campo, en el Centro Histórico.

“Llevamos a nuestros hijos a vender con nosotros porque queremos enseñarles el oficio, que se ocupen en algo, que no se vuelvan delincuentes,” explicó por otro lado Manuela Ramírez, también de San Lucas. Ellos, al igual que otros vecinos de la comunidad se sienten extranjeros en su propio pueblo; rechazados y sin esperanza , porque ganas de trabajar las tienen, pero no permiso.

Dos opciones

San Lucas es una comunidad rural ubicada sobre la carretera a Guanajuato, enclavada entre las montañas. Hay agua potable, pero no hay drenaje—únicamente fosas sépticas. Hay una iglesia, un rústico campo de fútbol; tiene un kínder, una primaria y una secundaria que está del otro lado del río, así que cuando llueve los estudiantes se quedan sin clases, pues no hay un puente para cruzar y tienen dos opciones: quedarse en casa para ayudar en las labores del hogar, o ir con sus papás o solos a vender al “lejano” San Miguel, porque así lo ven aunque son del municipio.

La comunidad, indicó la delegada Isabel Ramírez, tenía 950 habitantes en el último censo—sin contar a los bebés. De estos habitantes, la mayoría de los hombres y jóvenes trabajan en la empresa Champiñones, en el parque industrial de Querétaro, o en la agricultura en el rancho agrícola La Minita. “Llegan los camiones y se los llevan,” comentó la delegada.

La comunidad entonces queda en manos de las mujeres, niños, y algunos que otros señores quienes son los que llegan al Centro Histórico de la ciudad a ofrecer a los turistas y residentes sus burritos de madera y los productos que les “ha dado la tierra,” la cosecha de maíz, frijol, calabazas y garbanzos. Para estas mujeres y niños, el comercio resulta difícil pues no tienen permiso de la autoridad local para hacerlo. Como la esposa de don Delfino González, quien después de procesar el maíz: echa gorditas, hace tortillas; corta, pela y coce nopales, que luego mezcla con garbanzos, cebolla, cilantro y chile serrano. Así toma el camión de las 7:30am y llegando a San Miguel se instala en donde puede, para vender sin ser molestada por los inspectores de Servicios Públicos.

“A veces creen que, porque nos ven así, no bien vestidos, somos pobres; pero la verdad es que no. Sabemos trabajar, sembramos lo que podemos, cosechamos lo que no se comen los chapulines, y mire—en una habitación repleta de mazorcas, junto a un patio de frijol en vaina y costales de grano—aquí tenemos esto,” pero aclaró: “Necesitamos ropa, zapatos, salud, servicios; y eso cuesta dinero,” por eso, dice, salen a vender sus productos, “Si no, ¿cómo le hacemos?” Cuestionó.

Sin permiso para trabajar

La señora Manuela Ramírez estaba echando tortillas cuando pasé a su cocina a platicar con ella. Cerca de una montaña de leña su hija Cecilia cargando a un bebé, amarraba “la carga”—palitos de madera—a los burritos.

Doña Manuela nos dijo que cuando viene a vender al Centro, trae comida, pero también burritos. En ocasiones ha vendido todos, unos 20 en un día, pero ha habido ocasiones en que no vende ni cuatro; a ello hay que agregar que si los inspectores de Servicios Públicos llegan antes “uno se llevan tres, el otro cuatro, otro siete, y así. Dicen que tienen orden de quitárnoslos. Pero yo digo que nos deben dejar trabajar, no somos delincuentes, que se vayan detrás de los que roban, nosotros no le hacemos mal a nadie, nos estamos ganando la vida de manera honrada. No es para que nos quiten nuestro trabajo. Y luego cuando fui a ver si podía tramitar un permiso, me dijeron que todavía nada estaba decidido.”

De acuerdo al director de Mercados—Ángel Saavedra—a los comerciantes, previo a confiscarle la mercancía se le da tres apercibimientos, incluyendo la información para que puedan regularizarse.

Sin embargo, éstos no se acercan a las oficinas, entonces después de las tres llamadas de atención, la mercancía puede ser confiscada para aquellos sin autorización, y entonces tendrán hasta 10 días para reclamar su producto; de lo contrario, y acorde al reglamento, los productos podrán ser donados a instituciones de beneficencia y éstas podrán utilizarlos acorde a sus necesidades.

Preguntamos a Doña Manuela si lleva a sus nietos al Centro para vender y aseguró que sí, pero que los lleva porque quiere enseñarles cómo ganarse la vida y alejarlos de la delincuencia. “Si escuché que decía el presidente que los explotamos, pero ¿cómo enseñarle a nuestros hijos un oficio, a ganarse la vida, va a ser explotarlos? A mí me han jaloneado los inspectores, les he dicho que vayan tras los verdaderos rateros, vender no es un delito” remarcó.

Continuó la señora Manuela “hemos ido a vender a Dolores, a Guanajuato, Comonfort, Irapuato” pero sí se preguntó “no nos quieren aquí en nuestra propia ciudad, mejor dejan vender a personas que no son de aquí, que vienen de Guerrero o de Oaxaca. ¿Y nosotros? ¿A dónde nos vamos a ir?”

Saavedra mencionó que actualmente—y se espera concluir en dos meses—su departamento está trabajando para tener en regla todo el comercio ambulante que ya existe, y es que hay personas que han dejado de pagar sus derechos, y otros que se han retirado. La información se está cruzando con la Tesorería Municipal; al concluir la regularización, se podría ver los espacios que han quedado vacantes y encontrar lugar para nuevas personas. Ahora, es fácil identificar a un comerciante ambulante con permiso a través de un gafete que se le ha asignado.

Sobre garantizar los derechos de la niñez, el director aseguró que es importante—y bueno—que los papás enseñen a los niños a trabajar, sin embargo, se trata de que vivan su niñez y accedan a educación, tema que es responsabilidad de los padres.

Finalmente, aseguró que a comerciantes se le ha ofrecido espacios en mercados y tianguis, sin embargo, los han rechazado pues indican que no les conviene, y de hecho así lo expresaron algunos para este medio.

Que se castigue a los papás

Previamente, el presidente municipal Luis Alberto Villarreal lanzó una advertencia para los padres que no únicamente vienen a vender al centro de la ciudad, sino que además “explotan laboralmente” a sus hijos menores de edad. En una entrevista, trajo el tema mencionando que se dará aviso oportuno a la Procuraduría de Justicia del estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos “para que haya un operativo que dé protección a los menores que en la vía pública los padres mantienen con explotación. No es un asunto de que se vea bien o mal”, acotó y continuó “es un delito gravísimo de explotación de menores, y no hacer nada nos convierte en cómplices”.

El presidente continuó diciendo que su administración trabajará para que se garantice el respeto a los derechos humanos de los niños “que la procuraduría, con el respeto y con el proceso debido proteja los derechos de los menores y se ponga a los padres—y a quienes estén en la organización delictiva—ante las autoridades correspondientes y así se le castigue” y si fuera necesario, sentenció, que pierdan la custodia de sus hijos.

Espere la próxima semana una entrevista con el el subprocurador de los Derechos Humanos en San Miguel, sobre el tema.

 

Un caso aparte

El caso de Rosario Patlán es distinto, tiene 36 años; y 14 de ellos los ha pasado vendiendo sus nopales, tortillas y semillas de calabaza en el tianguis municipal. Ella no s contó que en un inicio en el tianguis se prestaba un espacio otros comerciantes como ella, pero después pagó 750 pesos y la Dirección de Servicios Públicos le entregó un tarjetón para que pudiera tener un espacio cada domingo y vender su producto. Ahora su único problema es que si llega tarde, su espacio es asignado a alguien más.

 

Burritos que cargan historias

En un pequeño taller, en que se observan trozos de madera, y unos cuantos burritos terminados, estaba trabajando el señor Javier González. Mientras cortaba madera, nos dijo que comenzó a hacer esa artesanía hace unos cinco años—si aclara que él no fue el primero en la comunidad, comenzaron Adán, Jacinto y Juan—él ante la pobreza, tuvo que aprender a hacer burros, y luego venderlos en el Centro Histórico.

En este lugar, los inspectores de Servicios Públicos le han arrebatado su mercancía. “Se han llevado una cubeta llena con burritos. La verdad es que yo no he ido a reclamarla, dicen que la multa es de 200 pesos, y la verdad no tenemos ese dinero”. Y son abusivos, indica, pero nunca se ha quejado ante derechos humanos o ante la misma dirección de Servicios Públicos “porque pues dice la gente que es delito vender en el centro, entonces ¿para qué?” indica Javier que en un día puede hacer hasta 30 burritos, aunque sólo se vendan unos cinco al día.

 

 

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