photo RSMAtnWebAdRed13.jpg

Lo que deben y deberían hacer: PGR

Foto de CNN

Foto de Shutterstock

Foto por Thoughtco

Por Karla Ortiz

 

Según estadísticas de la Asociación Alto Al Secuestro, durante la administración de Miguel Márquez Márquez, ex gobernador de Guanajuato, se acumularon un total de 97 secuestros, de septiembre 2012 a diciembre del 2017. Y de acuerdo a la distribución por municipio, San Miguel ha acumulado un total de seis secuestros, siendo uno de los municipios con mayor incidencia se secuestro.

En la edición pasada, hablábamos del caso de la señora Rosario Lanten, quien fue maltratada psicológicamente por autoridades de la Procuraduría General de la Justicia al levantar un reporte por la desaparición de su hija y quien tuvo que buscar sus propios medios para encontrar ayuda. Por el contrario, también para esta edición habíamos preparado una respuesta por parte de la PGR, pero éstos negaron una entrevista y mandaron información a medias.

Ella encontró el apoyo de organizaciones no gubernamentales quienes la asesoraron en el proceso de encontrar a su hija. Rosario Lanten ahora quiere compartir con los lectores de Atención los derechos que tienen las victimas o los ofendidos ante un secuestro.

1)Recibir asesoría jurídica y ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución, y cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal.

2)Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente.

3)Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia

4)En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño.

5)Al resguardo de su identidad y otros datos personales.

6)Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos.

7) Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Por otro lado, el primero de mayo del 2009 se creó la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes tienen como función:

I. Investigar la realización de conductas delictivas que, por su naturaleza, actualicen su competencia;

II. Ejercitar acción penal ante la autoridad jurisdiccional correspondiente una vez que se encuentren reunidos los requisitos legales para tal efecto;

III. Apegar el ejercicio de sus funciones a los principios rectores de la institución, así como a la normatividad aplicable;

IV. Garantizar que en el trato de los probables responsables se respeten los derechos consagrados en el orden jurídico que les sean propios;

V. Dar seguimiento, supervisar y, en su caso, intervenir en las fases del procedimiento posteriores a la averiguación previa, acorde a la legitimación que legalmente corresponda,

VI. Representar y asesorar a la víctima u ofendido, además de otorgar las medidas de atención y protección que resulten pertinentes a la salvaguarda de sus bienes y derechos; y,

VII. Las demás que, en lo aplicable, se deriven de la Ley Orgánica del Ministerio Público y su Reglamento respecto del personal policial, ministerial y pericial, según corresponda, que integra la Procuraduría General de Justicia del Estado.

 

Comments are closed

 photo RSMAtnWebAdRed13.jpg
 photo RSMAtnWebAdRed13.jpg

Photo Gallery

 photo RSMAtnWebAdRed13.jpg
Log in | Designed by Gabfire themes All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove