El Desarrollo habitacional en San Miguel y sus afueras, ¿descontrolado?

Por Jesús Aguado

La Badesa; Artesanto, I y II; Cumbres de San Miguel, La Luminaria, Aldaba, y La Serena; son sólo algunos de los desarrollos habitacionales—en progreso—en San Miguel de Allende.

Ahora, sobre carretera a Celaya, también se proyecta Martorell, un desarrollo habitacional ubicado en la frontera con Comonfort; y aunque no está en San Miguel se vende con esta marca. El crecimiento en esa zona, abonaría a los actuales problemas de la ciudad en donde el municipio se vio incapaz de proveer servicio de recolección de residuos sólidos (basura) y por ello privatizó la tarea a TecMed.

Por otro lado, el gobierno municipal ahora trabaja en un Programa de Movilidad que solucione los congestionamientos vehiculares; en un Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico que, sustituiría al publicado en 2011; y en un Plan de Cargas Turísticas que diga hacia dónde y cómo crecer, que parece un poco tardío, considerando que los fraccionamientos aprobados en 2012-2015 sumaron 6,385 viviendas; y los autorizados para 2015-2018 suman 8,934, de los cuales, alrededor de seis mil son de interés social.

Plan para el Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial

La última actualización del plan se publicó en 2011 durante la administración de Luz María Núñez Flores. En un documento guía publicado, la entonces presidente municipal explicaba en el “libro verde”, que el POET (Plan para el Ordenamiento Ecológico y Territorial) es “una herramienta esencial para los sanmiguelenses, en donde podrán conocer el destino de cada rincón del municipio y de este modo exigir que su territorio sea utilizado conforme a su vocación, logrando así conservar, proteger, restaurar y aprovechar las distintas áreas, manteniendo un adecuado equilibrio ecológico”.

Ya en la fecha de publicación del documento se hablaba de los principales problemas que había venido experimentando la ciudad. Con una caricatura exponía ante quienes leyeran el libro “la presión del mercado inmobiliario”, el cual impactó en el crecimiento de San Miguel de Allende “por la modificación indiscriminada de los usos de suelo en distintas partes de su geografía” y por otro lado alteró también la vida de las comunidades “atentando en contra de su trama social original con sus nefastas consecuencias en los usos y costumbres de las poblaciones”.

El POET, organizó la ciudad en 60 UGA (Unidad de Gestión Ambiental) y cada una puede abarcar hasta diez comunidades rurales. En esas unidades, se establecen las directrices deseables de la localidad para que haya un desarrollo sustentable.

Basados en ese POET, la administración 2012-2015 y la 2015-2018 han entregado usos de suelo para desarrollos habitacionales. Por ejemplo, en 2012-2015, de acuerdo con información provista para Atención San Miguel por Abelardo Quero—director de Desarrollo Urbano, la administración encabezada por Mauricio Trejo habría entregado autorizaciones para fraccionamientos como: La Nogalera, Villa de Allende, Luna Azul, Malanquín tercera sección, Badesa, Cumbres de San Miguel, Alamedas 2, Real de la Huerta—más la zona industrial. Los desarrollos sumarían 6,385 viviendas.

Por otro lado, la administración actual ha autorizado los desarrollos habitacionales siguientes: Artesanto I y II, Luminaria, Providencia, La Condesa, San Gabriel, San Rafael, Aldaba, La Serena; las autorizaciones suman 8,934 nuevas casas—6,409 corresponden a Lomas de San Miguel, supuestamente serán de interés social.

Consulta ciudadana

La administración actual tiene la intención de actualizar el POET, y para ello ha anunciado que hay una consulta ciudadana abierta, en la que cualquier persona (que conozca el municipio) puede emitir sus opiniones y éstas serán tomadas en cuenta para la integración final del nuevo documento.

Hugo Luna, quien participó en la integración de este nuevo plan, sí aseguró que el documento “es extenso y tedioso”. Son más de 300 cuartillas las que una persona interesada en dar una opinión tendría que leer, además del análisis de mapas y cuadros.

La consulta, está abierta del 23 de julio al 21 de septiembre de este año. Se espera que esté listo el 4 de octubre y entonces el ayuntamiento (que será sucedido por la administración 2018-2021 encabezada por Luis Alberto Villarreal García) lo aprobaría antes del 9 de octubre.

Los datos pueden consultarse y descargarse en el sitio implansma.gob.mx Entre los documentos se encuentra el Programa Municipal del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de SMA. Sus anexos incluyen: agenda ambiental, marco jurídico federal, estatal y municipal, condicionantes de otros sectores, biodiversidad y riqueza de especies, criterios de regularización. Los documentos incluyen: mapas georreferenciados, con indicadores de las unidades de gestión ambiental y territorial.

Lomas de San Miguel

La presentación formal del proyecto, se dio el 18 de junio este año. El director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) Fabián Trujillo, aseguró que en la ciudad hay 42 mil viviendas y en un estudio realizado—por el Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda—se detectó que la necesidad es de 15 mil nuevos hogares.

Trujillo también comentó que el 40 por ciento de los sanmiguelenses gana de uno a dos salarios mínimos; mientras que el 37 por ciento hace entre dos y cinco (y para esos sería la vivienda de Lomas) el resto, tiene un salario diario superior a cinco mínimos.

Lomas de San Miguel, estaría ubicado en carretera San Miguel de Allende-Los Rodríguez km. 5.9. Contaría con cinco mil viviendas—unifamiliares, dúplex y “triplex”. En una “ubicación, muy conveniente” se dijo, pues cerca están las oficinas de gobierno local, federal y estatal; además está la zona de universidades (una pública) y dos privadas; el parque bicentenario con el Foro San Carlos; también cerca del Hospital General y de la zona industrial.

Lomas de San Miguel—que se construirá en 50 hectáreas—sería posible con el financiamiento del Instituto Municipal de la Vivienda, Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda (INFONAVIT), Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), y la Sociedad Hipotecaria Federal.

También se dijo que el tramo que va de Glorieta Patrimonio al nuevo barrio, será ampliado de dos a cuatro carriles con apoyo del gobierno estatal. El espacio contará con escuela preescolar, primaria, secundaria y preparatoria; tendría un CAISES (Centro de Atención Integral y Servicios Esenciales de Salud), una guardería y hasta centro comercial, iglesia y centros recreativos—aunque la construcción de la preparatoria y el centro de salud serían en la etapa final.

Marco Ledón, que es el enlace entre instituciones municipales y federales, aseguró que la arquitectura será “como la de San Miguel de Allende”, la propia de la ciudad. Por otro lado, Juan Antonio Jaramillo—director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado—remarcó que hay agua pues el Sistema ya perforó un pozo y que en el futuro se perforaría el segundo; ambos pozos, así como el alcantarillado sería operado por el SAPASMA.

Sobre las aguas residuales comentó que “hay una pendiente. Hay hacia dónde se vaya el agua” y por eso ya analizaron la zona en que una planta tratadora de aguas residuales será construida.

Óscar Muñoz, representante de la Hipotecaria Federal, aseguró que los precios de los hogares variarán entre 320 y 350 mil pesos, “ése sería el máximo”. Sobre quién puede acceder a una de esas casas, se dijo que los interesados deben “ser de San Miguel”; tener ganancias mínimas de 2.5 salarios al día; llenar un formulario—y pasar el primer filtro. Hasta ahora, se desconoce más. Sólo que las casas ya están en construcción y que se presentarían los primeros modelos—y se entregarían—entre octubre, este año, y febrero de 2019.

Martorell

Sobre la carretera a Comonfort, frente a Viñedos San Miguel—en terrenos pertenecientes a ese municipio—se ha aprobado el cambio de uso de suelo, así como la traza para un fraccionamiento del que en línea se indica, los terrenos de 1,000 metros cuadrados cuestan 1’320 mil pesos. Los sitios electrónicos también aseguran que el desarrollo estaría construido sobre 60 hectáreas.

Lizette Leal León—directora de Desarrrollo Ubarno—en el municipio Comonfort, dijo para este medio que a Martorell actualmente se le ha autorizado únicamente el uso de suelo comercial y habitacional (densidad media). Igualmente mencionó que el terreno está distribuido en tres UGA, y actualmente se trabaja para que el ayuntamiento autorice la traza con 150 lotes en la primera etapa. Información en línea establece que el desarrollo tendría cinco etapas.

Leal de León mencionó que el desarrollo está distribuido en tres UGA, entre ellas la 396. La Carta de Ordenamiento Sustentable de Guanajuato establece la zona como A1, es decir que en esa zona es para aprovechamiento agropecuario de actividad de temporal y ganadería extensiva.

En un plano del sitio riondabienesraíces indica que el fraccionamiento estaría en la UGA 384. La Carta de Ordenamiento Sustentable marca esa unidad como R11, es decir para “restauración de zonas agropecuarias y su vegetación en terrenos de vocación forestal.

El desarrollo estaría ubicado sobre las faldas de Picachos.

Zona protegida

Ni el ayuntamiento sanmiguelense ni el estado han autorizado la iniciativa que un grupo impulsó para declarar la zona de picachos, cerro de la Márgara y Presa Allende como Área Natural Protegida. La intención del grupo era que existieran lineamientos—más que el POET—que marcaran la vocación del área.

Desde el 22 de mayo de 1990 existen registros de que Cante A.C envió documentos a diferentes instancias de gobierno para lograr la preservación de Picachos; sin embargo fue hace unos cinco años cuando el entonces diputado del Partido Verde Ecologista Jorge Arenas, visitó la Presa Allende y propuso a empresarios de la ciudad rescatarla para formar un parque turístico. Ello, debido a que en León ya se había rescatado la presa del actual Parque Metropolitano (337 hectáreas, el 85 por ciento ocupado por la presa del Palote) en donde se realizan todo tipo de actividades turísticas; hay restaurantes, palapas, paseos en lancha, vista de aves y se realiza en esa Área Natural Protegida el Festival Internacional del Globo que actualmente derrama más de 500 millones de pesos. Ese tipo de desarrollo querían los empresarios para San Miguel de Allende, en el vaso de la presa.

Mario Hernández, quien estuvo involucrado para la declaración de Picachos, previamente, indicó que él y otros ambientalistas, ciudadanos y organizaciones habían promovido el nombramiento de Picachos y Támbula como ANP desde 1992, pero remarcó que después de que se propuso realizar el estudio de la presa Allende para conocer la viabilidad, no contaba con los elementos necesarios para ser nombrada ANP y por eso se decidió incluirla con las montañas Támbula-Picachos para nombrar un corredor biológico. Las presentaciones de los resultados del estudio se publicaron en abril de 2015.

En los estudios se encontraron 219 especies de flora divididas en cuatro vegetales: encino, matorrales, selva baja y pastizales. Respecto a la fauna se detectaron: anfibios, reptiles, aves y mamíferos entre ellos; puma, murciélago, venado cola blanca, zorra gris y gato montés. De ser declarada el área como ANP las especies estarían protegidas contra todo tipo de perturbación—en más de 50 mil hectáreas, que equivale a un tercio del territorio municipal.

Si el área consiguiera la denominación, inmediatamente quedaría (por lo menos en San Miguel de Allende) prohibido los cambios de uso sin autorización del gobierno estatal; el establecimiento de nuevos asentamientos humanos o centros de población. Salvo regulación o autorización del estado se podría instalar un parque para actividades industriales y quedaría prohibida la extracción de la vida silvestre, así como de materiales pétreos sin autorización, además de la pesca con métodos no adecuados.

En los estudios se encontró que hay falta de regulación del suelo y los asentamientos humanos, así como la falta de regulación en el sector turístico para la zona; “violación de la ley”, indica el documento. También se ha encontrado la extracción de materiales pétreos sin regulación alguna, la planeación urbana que no es efectiva, así como la contaminación del agua y la tala clandestina de árboles. Además de que se realizan actividades turísticas sólo con beneficio para empresarios y la construcción de fraccionamientos sin beneficio para las comunidades cercanas; entre otras problemáticas.

Por otro lado estarían permitidas las actividades de investigación ambiental o turismo sustentable; actividades recreativas y turísticas normadas por el Instituto de Ecología; y el uso de las aguas conforme a lo establecido por la Comisión Nacional del Agua.

Venados cola blanca, mapaches, linces e incluso pumas podrían estar protegidos por el estado si se logra la declaratoria de los Picachos y la Presa Allende como Área Natural Protegida.

Con la consulta ciudadana de 2015 concluyeron los trabajos para la zona, y desde entonces declarar la zona como Natural Protegida, quedó en manos del gobernador.

 

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