Lomas de San Miguel será el barrio más grande y poblado en la ciudad

Ricardo Villarreal

Mapa de ubicación

Imagen ilustrativa, no pertenece al desarrollo planteado

Por Jesús Aguado

Lomas de San Miguel se construiría en 50 hectáreas. Sería un proyecto que ofrecerá casas a quien pruebe una residencia mínima de diez años en la ciudad con precios hasta de 100 mil pesos. El proyecto incluye 5,000 viviendas con los servicios básicos como agua, luz, y electricidad, y contaría con centros religiosos y hasta comerciales.

Vivienda accesible sólo para sanmiguelenses

“San Miguel tiene un problema serio. La plusvalía hace casi imposible que la ciudadanía adquiera casas. Es una ciudad cara lo cual es bueno, pero genera problemas a los que menos tienen y no ha habido una política pública en materia de vivienda en la ciudad. No se han hecho esfuerzos importantes para dotar de viviendas e infraestructura a la gente,” indicó el presidente municipal Ricardo Villarreal y aseguró que eso hace que la gente compre terrenos irregulares en ejidos y luego el gobierno debe erogar hasta 200 millones de pesos, como se ha hecho en el caso de Tirado, para regular y garantizar que la gente viva dignamente. Y es que “si la gente compró es porque no se le dio otra alternativa y nadie merece vivir en el siglo XXI en San Miguel de Allende, sin servicios básicos”.

Lomas de San Miguel, es un fraccionamiento que se construiría sobre 50 hectáreas en carretera a Rodríguez—casi frente a Conservas San Miguel. Esa nueva colonia contaría con los servicios necesarios: mercado, iglesia, parques, escuelas. En él vivirían 20 mil personas en un promedio de siete a diez años. Sería la colonia más grande que tenga San Miguel; con casi una de cada cinco personas de la zona urbana viviendo en ella, tomando en cuenta que en cabecera habitan 90 mil.

Este proyecto “sería para la gente sanmiguelense. Que sean locales, acreditando una residencia al menos de diez años para poder comprar. Porque tendrán subsidio para que se puedan adquirir económicas”. Aseguró Villarreal que instituciones como INFONAVIT, Sociedad Hipotecaria Federal y Fondo Nacional para Población y Vivienda, subsidiarían ese proyecto y remarcó que una casa, podría costar hasta 100 mil pesos; ya fuera autofinanciada o con créditos de las instituciones anteriores.

El alcalde agregó que este lugar sería modelo nacional pues incluso la Hipotecaria Federal aportó cuatro millones al Instituto Municipal de la Vivienda para desarrollar el proyecto, que se ha estado formando desde hace un año. “Abatiremos la necesidad de vivienda haciendo bien las cosas de origen. Aquí la gente primero compra, luego habita, luego se regulariza y se le da infraestructura. A veces no dejaron terreno ni para escuelas. Queremos que sea un tema integral”.

Sobre el empleo para las personas que habitarán en el área, el presidente mencionó que, en el Parque Industrial, habrá empleos—no mencionó cuántos—y que además ya viene la segunda etapa a la que llegarán más compañías a instalarse en 120 hectáreas. “La gente ni siquiera tendría que ir al centro de la ciudad, pues todo estaría cerca de ellos,” mencionó. Más tarde se buscaría conectar la zona alta con salida a Dolores mediante un libramiento que aligere además la carga vehicular del libramiento Manuel Zavala.

BANTERRA y otros proyectos que no se realizaron

En el informe sobre pobreza y rezago social de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en 2015, San Miguel de Allende ocupó el lugar 32 (de 46) en rezago social, catalogado con un grado de atraso social “bajo”. El mismo estudio indicó el número de habitantes—171,857—que ocupan 42,695 viviendas. De ésas, aún el tres por ciento contaba con piso de tierra, y 10 por ciento no contaba con un excusado sanitario; 18 por ciento no contaba con drenaje y casi ocho por ciento, carecía de agua potable.

Durante 2009-2012, se impulsó uno de los proyectos de vivienda con costos bajos, medios y altos sobre la carretera a Dolores. BANTERRA sería la pequeña ciudad en San Miguel, con 8 mil casas, centros comerciales, espacios religiosos y hasta plazas públicas. Sin embargo, algunos grupos sanmiguelenses se opusieron al proyecto por asegurar que en el área proyectada para construcción había restos de mamíferos que han estado sepultados por miles de años; otro tema fue la carga poblacional, y la falta de servicios como el agua potable, además de la posible contaminación de los mantos freáticos. Era un desarrollo que se proyectaba a 15 años.

El 29 de mayo de 2012, la administración presidida por Luz María Núñez Flores, decidió revocar el uso de suelo (otorgado en diciembre de 2011) a la compañía, debido a que no cumplió con la entrega de 18 requisitos para que el proyecto fuera posible. Entonces, Núñez dijo que ella siempre estuvo a favor de viviendas accesibles para la población y aseguró que la empresa probó que no impactaba la supuesta área paleontológica. De haber sido posible este desarrollo, habría sido el siguiente después de INFONAVIT Malanquín, construido hace unos 30 años.

Ejido de Tirado es un lugar que agrupa unas 10 colonias que suman más de 10 mil habitantes que, han comprado sus predios—vendidos a varios propietarios en ocasiones—luego han construido para habitar, sin embargo, muchos no cuentan con escrituras, por lo que las zonas habitadas se convierten en irregulares, y por ello no cuentan con los servicios básicos: agua, luz, drenaje, calles pavimentadas. Entonces, el gobierno debe apoyar e invertir dinero para que las personas de la zona vivan dignamente.

Y para evitar que sean los sanmiguelenses quienes carguen con el costo de la infraestructura en esos lugares, Villarreal aseguró que su administración se encuentra en un proceso legal contra Quinta Real, un lugar en el que hubo división para cinco mil predios “que costaban desde 60 hasta 100 mil pesos”, pero donde la compañía no dotaría de infraestructura o servicios básicos a los habitantes. “El gobierno tendría que haber pagado hasta 400 millones de pesos para la infraestructura”. Comparó Villarreal ese lugar con ciudades como Acapulco y Cuernavaca, en donde se han convertido en zonas “a las que llega a vivir la delincuencia organizada; y por eso debemos vigilar quién llega a vivir a la ciudad, en dónde van a trabajar. La administración anterior autorizó 17 mil terrenos” y Quinta Real, continuó “era un modelo que no respetaba el Código de Ordenamiento Territorial”, pues después de 24 viviendas debe establecerse un fraccionamiento o condominio cuya venta se autoriza cuando estén construidos; y en este proyecto sólo era venta de terrenos—sin casa.

También mencionó los cinco mil lotes que entre 2012-2015 se autorizaron para Splash—que no eran de interés social—y que, con un acuerdo, ahora se redujo la construcción a 1,500 viviendas, cuyos servicios están garantizados.

“San Miguel tiene un problema serio. La plusvalía hace casi imposible que la ciudadanía adquiera casas. Es una ciudad cara, lo cual es bueno; pero genera problemas a los que menos tienen y no ha habido una política pública en materia de vivienda en la ciudad. No se han hecho esfuerzos importantes para dotar de viviendas e infraestructura a la gente”. Ricardo Villarreal.

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