200 hectáreas en el limbo 

Montaña en supuesta venta

Jesús Andrade

Por Jesús Aguado

La Ley Agraria en su artículo 23 fracción X, faculta a la asamblea ejidal para determinar la delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común. El artículo 56 de la misma Ley señala que la asamblea podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas.

El hecho es que actualmente, son 200 las hectáreas que algunos ejidatarios de Juan Xidó—Cabras—quieren dividir entre los 62 ejidatarios, para que cada uno “pueda hacer con ellas lo que mejor convenga”. La realidad es que más de los ejidatarios están de acuerdo con vender el espacio una vez que la tierra se haya dividido; indican algunos avecindados, ejidatarios e hijos de éstos.

Inicialmente se hablaba de que la división del predio ya se había hecho, otros decían que no, y que para eso la asamblea completa debía estar de acuerdo, sin embargo otros ejidatarios de Don Diego, indicaron para Atención que la mayoría debe estar de acuerdo “no todos”. Y en Cabras, no se ha hecho la división.

 

 

El ejidatario de Cabras, Jesús Andrade, dijo para este medio que, él, entre otros, no está de acuerdo con la posible venta y que por ello, denunciarán a quien resulte responsable por el daño ecológico, histórico y paisajístico que pudiera generarse en la zona.

Otros activistas, entre los que está la hija de ejidatario, Adela Monzón dijo previamente  que en el área que se planea dividir y posteriormente vender hay pinturas rupestres, flora y fauna que puede ser impactada.

Algunos ejidatarios se acercaron al alcalde Ricardo Villarreal para solicitar su intervención, sin embargo éste indicó que la decisión será exclusivamente del Tribunal Agrario. Aclaró que el municipio únicamente intervendrá para que “quien sea que fuere el dueño, respete áreas que deban ser de equipamiento para el lugar”.

Atención ha solicitado entrevistas directas con los ejidatarios a quienes se “acusa” de la posible venta, sin embargo han accedido y luego cancelado.

Lo cierto es que, únicamente los ejidatarios y nadie más, tiene el poder para decidir lo que debe hacer con sus tierras.

 

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