¿Desarrollo o ecología? He ahí el dilema

Por Jesús Aguado

Un grupo de ecologistas liderados por César Arias y Mario Hernández; y empresarios de la ciudad, velan por sus intereses. Por un lado, los ecologistas tratan de evitar que San Miguel tenga un crecimiento desordenado y sin protección a la fauna y flora de las áreas Támbula-Picachos-Presa Allende; por el otro, los empresarios de San Miguel pretenden un cambio para el municipio, pues aducen que este necesita desa-rrollo y crecimiento económico para crear los 1,600 empleos anuales que se demandan y por ello, ante la consulta pública sobre la iniciativa para declarar el área de la presa como Área Natural Protegida (ANP), emitieron una opinión en contra.

Desde el 22 de mayo de 1990 existen registros de que Cante A.C., envió documentos a diferentes instancias de gobierno para lograr la preservación de los Picachos; sin embargo fue hace casi dos años cuando el diputado del Partido Verde Ecologista Jorge Arenas, visitó el vaso de la Presa Allende y propuso a empresarios de la ciudad rescatarla para formar un parque turístico. Ello, debido a que en León ya se había rescatado la presa del actual Parque Metropolitano (337 hectáreas, el 85 por ciento ocupado por la presa del Palote) en donde actualmente ese realizan todo tipo de actividades turísticas: hay restaurantes, palapas, paseos en lancha, vista de aves y se realiza en esa área natural protegida el Festival Internacional del Globo que actualmente derrama más de 500 millones de pesos. Ese tipo de desarrollo querían los empresarios para San Miguel de Allende, en el vaso de la presa.

A decir de los ecologistas, ellos habían promovido el nombramiento de Picachos y Támbula como ANP desde 1992, pero explicaron que después de que se propuso realizar el estudio de la presa Allende para conocer la viabilidad, no contaba con los elementos necesarios para el nombramiento y por eso se decidió incluirla con Támbula-Picachos para crear un corredor biológico. Las presentaciones de los resultados del estudio comenzaron desde abril de este año, e incluso se realizó una exclusiva para empresarios de la ciudad, quienes decían estar de acuerdo con el nombramiento.

En los estudios se encontraron 219 especies de flora divididas en: encino, matorrales, selva baja y pastizales. Respecto a la fauna se detectaron: anfibios, reptiles, aves y mamíferos entre ellos; puma, murciélago, venado cola blanca, zorra gris y gato montés. De ser declarada el área como ANP las especies estarían protegidas contra todo tipo de perturbación en más de 50 hectáreas, que equivale a un tercio del territorio municipal.

Si el área consigue la denominación, inmediatamente quedarían prohibidos: los cambios de uso sin autorización del gobierno estatal; el establecimiento de nuevos asentamientos humanos o centros de población. Salvo regulación o autorización del estado se podría instalar un parque para actividades industriales y quedaría prohibida la extracción de la vida silvestre así como de materiales pétreos sin autorización, además de la pesca con métodos no adecuados. En los estudios se ha encontrado que hay falta de regulación del suelo y los asentamientos humanos así como la falta de regulación en el sector turístico para la zona; “violación de la ley”, indica el documento. También se ha encontrado la extracción de materiales pétreos sin regulación alguna, la planeación urbana que no es efectiva así como la contaminación del agua y la tala clandestina de árboles. Además de que se realizan actividades turísticas sólo con beneficio para empresarios y la construcción de fraccionamientos sin beneficio para las comunidades cercanas; entre otras problemáticas.

Por otro lado estarían permitidas las actividades de investigación ambiental o turismo sustentable; actividades recreativas y turísticas normadas por el Instituto de Ecología; y el uso de las aguas conforme a lo establecido por la Comisión Nacional del Agua.

Ante un grupo de empresarios en San Miguel, el Instituto de Ecología del Estado presentó los resultados del estudio que se realizó con el objetivo de nombrar esas zonas como Área Natural Protegida por el Estado.

David Guzmán, representante del Instituto, informó que entre julio y agosto de este año, el proyecto será puesto a disposición del público en general “para consulta pública”; ello con el objetivo de que los ciudadanos puedan dar sus puntos a favor o en contra, así como las propuestas para preservar el área. Después de la consulta pública, el Instituto de Ecología enviaría un documento al ejecutivo del estado (gobernador Miguel Márquez Márquez) para que emita un decreto para proteger el área.

Guzmán también informó que una vez que el área se declare protegida, en el espacio ya no podría haber ladrilleras como las que actualmente operan la zona. También informó que la declaratoria podría dañar el proyecto de carretera que se plantea para conectar la autopista a Querétaro con la carretera a Celaya, aunque aseguró que se privilegiaría el interés general. Además, inmediatamente después de que el área tenga la denominación, todos los reglamentos municipales que apliquen a la zona, quedarían sin valor y se respetaría sólo regulación estatal.

Los ecologistas comentan que los empresarios únicamente cuidan sus intereses para enriquecerse y que quieren construir hoteles, restaurantes, casas de campo, hacer actividades que únicamente les beneficien y que por eso, durante la consulta pública, realizada en el mes de julio, vertieron opiniones en contra. Entre esas opiniones estuvieron las de Clubes Náutico de Salamanca y del Centro; que opina que debe haber una separación de la presa y Picachos. Solicitan que en la presa se respeten las actividades de turismo recreativo que se están desarrollando actualmente (kayak, pesca deportiva, paseos en lancha, ciclismo, campismo, cuatrimotos) que incluyen los desarrollos turísticos para otorgar el servicio, y ello “conlleva al crecimiento socioeconómico que busca San Miguel de Allende”.

Otras opiniones en contra fueron las del Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende (CCESMA,) representado por Ricardo Garrido y la Asociación de Empresarios de San Miguel (encabezado por Fernando Balderas). Las dos opiniones en contra son similares y expresan su “inconformidad y desacuerdo con la delimitación del polígono a decretar como ANP” ello debido a que se opone al Plan de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo del Municipio. Por otro lado refrendan su compromiso para entablar diálogo con la sociedad y el gobierno para determinar las ANP viables para fortalecer el desarrollo económico y la generación de empleos dentro del estado.

Ricardo Garrido explicó que no están en contra de la declaratoria como ANP, sino del área delimitada, además indicó que el Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel—compuesto por empresarios—necesita conocer previo a expresar su opinión a favor, el Plan de Manejo que vendría una vez que se declarara como ANP, pues ellos tienen el compromiso de seguir apoyando al desarrollo económico de San Miguel y de seguir generando los empleos que se necesitan. Se declaró abierto a tener mesas de diálogo en reuniones a las que convoque el gobierno estatal y a las que acudan los ecologistas. “Estamos a favor de la declaratoria, pero no del polígono” pues San Miguel está creciendo y requeriría incluso vías de comunicación.

Respecto a la construcción del libramiento Querétaro Celaya, Ricardo Villarreal (alcalde electo y promotor de esa vía) ha indicado para este medio que la carretera ya está considerada en la posible declaratoria. Las autoridades locales no han mostrado una postura. Villarreal tomará las riendas de San Miguel el 10 de octubre, y dijo que hasta que no conozca completamente el proyecto del ANP, entonces su administración podría emitir una postura. Toda la información respecto al plan de la ANP está en www.ecologia.guanajuato.gob.mx.

 

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