Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Por Sandra Ríos

La Asamblea General de las Naciones Unidas decide declarar desde el año 2010, el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Todo en virtud de externar su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones, los secuestros y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido. Bajo este contexto las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes, así lo denunció el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada. “El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los graves desafíos que enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, así lo expresó El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

En cuanto a la definición proporcionada por Amnistía Internacional y otros organismos expertos en el tema, indican que la desaparición forzada refiere cuando un individuo es detenido o secuestrado por el Estado o por alguno de los cuerpos que actúan en su nombre para posteriormente negar su detención.

En una encuesta hecha por la agencia mercadológica Parametría en donde preguntaron a los ciudadanos sobre quién podía ser acusado de la desaparición forzada de personas, más del 90 por ciento señaló a los cárteles del narcotráfico y a la delincuencia organizada. Mientras que un siete por cierto dijo que quienes se oponen o critican al gobierno son más propensos a ser desaparecidos y un seis por ciento señaló a los periodistas como los más vulnerables.

“El sufrimiento de que desaparezcan a tu hijo es algo indescriptible”, ha narrado para distintos medios de comunicación Felipe de la Cruz, uno de los padres de los normalistas atacados en Iguala (la ciudad en la que desaparecieron los 43 jóvenes de Ayotzinapa). Su hijo, Ángel Leri de la Cruz, sobrevivió al ataque y fue testigo del horror sufrido por las familias. Hoy es portavoz de la llamada causa “de los 43”: “El estado de ansiedad y horror constante que sufren los padres es tremendo. Estas desapariciones son un acto diabólico y maquiavélico. Y el Estado es el responsable porque a los chicos se los llevaron policías y militares. La complicidad entre el Gobierno y el narco está más que demostrada. Es un crimen de estado y hasta la ONU lo reconoce”.

Las desapariciones de Iguala se han convertido en el mayor escándalo nacional desde la masacre de Tlatelolco en 1968. El 2 de octubre de aquel año el ejército reprimió una manifestación en la capital y mató a cientos de estudiantes. La represión y el miedo lograron acallar las voces de protesta. Pero ahora la situación es muy distinta. Hoy las voces a través de los movimientos sociales, políticos y culturales se han unido para denunciar.

Por su parte, Rainer Huhle, miembro del Comité de Naciones Unidas y relator sobre el caso de México, externó la preocupación del organismo por la impunidad.

 

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