Legal o ilegal, el Programa de Desarrollo Urbano continúa

Fabián Trujillo y Édgar Bautista

Por Jesús Aguado

El Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial es ilegítimo, inmoral e ilegal, dicen miembros del Observatorio Ciudadano. Entre tanto, el alcalde Mauricio Trejo envió al director de Desarrollo Urbano, Édgar Bautista a defender el programa. El plan es “perfectamente legal, moral y traerá un beneficio directo para toda la población que tenga un uso de suelo”, dijo Bautista.

La aprobación de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PDUOET) propuesto por el municipio, que grupos sanmiguelenses más bien lo ha calificado como una “sustitución al existente”, ahora no depende del ayuntamiento sino también del gobierno del estado.

En el mes de julio una actualización del Plan de Desarrollo se sometió a consulta pública, aunque no se realizaron foros ni mesas de análisis con los ciudadanos, únicamente se publicó un archivo con más de 800 páginas—de acuerdo con miembros del Observatorio Ciudadano—que no era posible leer en tan poco tiempo, debido a que el tiempo estimado para que los ciudadanos deban emitir sus opiniones es de 40 días y la administración únicamente dio 21 días.

Se ha dicho que estos cambios de ordenamiento territorial, con los que se cambiaría la densidad habitacional de H1 (baja) a H3 (alta) sobre todo en la carretera a Querétaro y carretera a Dr. Mora, provocaría un crecimiento desordenado por los desarrollos habitacionales que pudieran construirse en el futuro, que no únicamente demandarían servicios públicos, seguridad y agua; sino que se estaría devastando la ecología. También se ha comentado que podrían instalarse más zonas industriales.

Miembros del Observatorio Ciudadano—organización formada por miembros de asociaciones civiles—agregaron que es una amenaza para el desarrollo sostenible de San Miguel, desarrollo que por ahora, dicen, “obedece a intereses particulares”.

Incluso el alcalde electo, Ricardo Villarreal ha declarado que el programa es ilegal y que su ayuntamiento—que tomará protesta el 10 de octubre de este año—podría revocarlo. Villarreal ha dicho que los intereses que maneja esa actualización no son para el beneficio de los sanmiguelenses, de lo contrario se les consultaría con foros de diálogo para que todos los ciudadanos salgan beneficiados.

Édgar Bautista, indicó que el plazo—que concluyó el 31 de julio—de la consulta está acorde a las leyes y que además la ley no es específica para indicar por cuáles medios de comunicación se debe facilitar a la ciudadanía. Aclaró que—hasta la primera semana de agosto—estaban recibiendo aún las observaciones de la ciudadanía para integrar el documento completo y enviarse a las secretarías de estado que debían autorizarlo. Una vez que el plan haya pasado por las secretarías estatales y se corrija lo que se observe, el ayuntamiento podría aprobarlo. Sin embargo fue claro en decir que el proceso es incierto y que como podría estar listo previo al término de esta administración, podría no estarlo, pues no depende sólo del ayuntamiento. El estudio para este plan costó 510 mil pesos.

Sobre el beneficio a unos cuantos, Bautista dijo que no se pretende beneficiar a un particular, “es un beneficio para toda la población. Por ley estamos obligados a actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial cada 5 años y es lo que estamos haciendo”.

Aseguró que ésta actualización favorece a la ciudadanía que tiene un uso de suelo, “es un detonador de economía local y regional. Se trata de darle legitimidad a los usos de suelo, a la propiedad en materia de patrimonio de los ciudadanos que tienen una vivienda, un espacio comercial. Además que genera un catastro más ordenado y coherente”.

 

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