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El gobierno local ofrecerá disculpas

Por Jesús Aguado

La administración encabezada por Mauricio Trejo tiene hasta el 9 de octubre para entregar una carta de disculpas por coartar la libertad de expresión a periodistas en San Miguel de Allende.

La violación al derecho a expresarse libremente y a tener acceso a la información fue probado ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) la cual emitió las recomendaciones que, no son las primeras que recibe el municipio de San Miguel de Allende por el abuso de poder de algunos funcionarios.

En el estado de Guanajuato, este hecho tampoco es aislado, ya que en Silao, la repor-tera Karla Silva fue brutalmente agredida “por instrucciones del alcalde de ese municipio” Enrique Benjamín Solís Arzola y aún no se le ha hecho justicia. Por otro lado, hace un par de semanas, otro periodista fue asesinado en Comonfort, aunque todavía se investiga el móvil del crimen.

Restricción al derecho de información

En diciembre de 2013 periodistas de Canal 4, Radio San Miguel y TV Independencia, denunciaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, la violación a su libertad de expresión y de acceso a la información.

Antonio Medrano, de TV Independencia, uno de los principales afectados, explicó para Atención que cuando el municipio desalojó a los comerciantes del centro histórico el alcalde Mauricio Trejo lo acusó de tratar de extorsionarlo con 500 mil pesos “para no hablar mal de su administración”, además de que cuando Trejo subió a su camioneta amenazó a Medrano diciéndole “te voy a matar”.

En septiembre de 2013 durante el informe de gobierno en el edificio de la antigua presidencia municipal fue bloqueado el paso a los reporteros de TV Independencia—representados por Medrano—además de aquellos pertenecientes a Radio San Miguel y Canal 4 (representados por Javier Zavala, comunicador esposo de la ex alcaldesa Luz María Núñez); quienes dijeron que el acceso les fue negado por la encargada del edificio y tres elementos de seguridad pública, al bloquearles la entrada al edificio.

Por otro lado, Javier Zavala comentó que durante los 54 años de trayectoria de radio San Miguel, nunca había ocurrido tal bloqueo para acceder a la información: “No nos enviaban boletines o información de actividades, no nos concedían entrevistas con directores, nos bloquearon”. Y aseguró que eso se traducía en una violación al derecho de acceso a la información no únicamente para los periodistas sino para la ciudadanía en general. A los reporteros de ese medio se le impidió la filmación en el salón de cabildos, indicó Zavala, por parte del personal de Comunicación Social, quienes le cubrían la cámara o le pedían que abandonara el recinto. Zavala dijo que Mauricio Trejo nunca fue a su cabina de radio para responder a los cuestionamientos de los ciudadanos.

Finalmente, en junio de este año la PDHEG emitió una resolución ante la denuncia presentada por los periodistas, misma que se aceptó en diciembre de 2013 con el folio 115/13-D. La notificación sobre la resolución se dirigió al alcalde interino José Luis Chagoyán Cabrera, a quien se le instruyó que a través de una carta “a nombre del órgano colegiado que encabeza, ofrezca una disculpa a V1, por los actos cometidos en su agravio, consistentes en la violación al derecho de honor”. El documento indica que la misiva debe contener un reconocimiento de responsabilidad institucional y otorgar garantías efectivas de que no volverá a suceder. En la resolución, la PDHEG también indica que se determine la responsabilidad de los elementos de Seguridad Pública que participaron en el acto de bloqueo y de la responsable del edificio de la antigua presidencia municipal. En la tercera parte se le instruye para que garantice la libertad de expresión y que adopte las políticas públicas de comunicación social para que se respeten los derechos humanos y se fortalezca el diálogo con los medios de comunicación “sin distinción alguna”.  Según un documento enviado a los agraviados, se demostró que la administración local ya aceptó las recomendaciones.

La respuesta del alcalde Mauricio Trejo

Para este medio, Trejo se dijo complacido de que la resolución no le haya hecho señalamientos o recomendaciones a él. “Las recomendaciones están hechas a algunos elementos de Seguridad Pública y colaboradores administrativos por el día en que el acceso no fue tan fácil para algunos periodistas”, comentó. Respecto a la sanción de los servidores aclaró: “no se trata de llamarles la atención, sino de poner más énfasis en la capacitación de los elementos de la mano con la Procuraduría. Esto es en lo que insistiré, no en regaños”. Aclaró que ha habido capacitación pero que aún falta más y por eso trabajará con la PDHEG para conseguirla. “En concreto, veo bien que los derechos de todos los periodistas—aunque con uno no podamos estar de acuerdo—se vean salvaguardados”, dijo, y aseguró que la carta de la administración se enviaría al agraviado.

El caso Karla Silva, en contexto

Silva, es una periodista de 24 años, corresponsal de El Heraldo de León en el municipio de Silao. En una entrevista concedida para Atención contó que el 4 de septiembre de 2014 recibió una golpiza, propinada por tres personas, además del ex director de Seguridad Pública de ese municipio—Nicasio Aguirre (prófugo de la justicia)—y el ex coordinador de la policía municipal, Alejandro Fonseca (en prisión preventiva) comandados por el alcalde de Silao, Benjamín Solís Arzola. “Mientras me golpeaban decían—bájale de huevos a tus notas o te va a cargar la chingada”, recordó Silva.

Jesús Aguado: ¿cómo se solucionó el conflicto?

Karla Silva: No ha sido solucionado, continúa el proceso penal.

JA: ¿Consideras que la respuesta de las autoridades fue correcta?

KS: El de las autoridades estatales fue regular, pues a pesar de existir materia suficiente para investigación, no han sido alcanzadas de manera penal las altas esferas del gobierno municipal. La PGR ha sido omisa a pesar de contar con evidencias suficientes para llevar a cabo una investigación y por tanto, un juicio.

JA: Después de haber sido reprimida; ¿sentiste miedo de volver a trabajar en medios de comunicación?

KS: Miedo no, incertidumbre sí; pues si no se castiga a todos los involucrados tanto material como intelectualmente, está en riesgo mi vida y la de mis seres queridos.

JA: ¿Cómo has superado lo sucedido?

KS: Es una situación que nunca se supera, pues las secuelas emocionales son irreversibles. No he contado con el tiempo necesario para asimilar lo ocurrido, pues aún se encuentra el proceso legal en curso y falta tiempo para que concluya.

JA: Actualmente ¿cómo es tu relación con las autoridades locales? ¿Han respetado tu derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión?

KS: La relación es ríspida, pues se me niega el acceso a información, lo que representa un bloqueo informativo. No ha sido respetado este derecho que no sólo es mío, sino de todos los silaoenses y demás ciudadanos lectores.

JA: Lo que te sucedió ¿cómo consideras que ayuda o impacta en México para que se respete a los periodistas?

KS: De no conseguirse un castigo justo para todos los involucrados, dará fácil acceso a que otros delincuentes de “cuello blanco” atenten contra las conciencias de la ciudadanía, así como cada vez más periodistas limiten su labor de informar.

JA: ¿Qué opinión tienes sobre el caso ocurrido en San Miguel de Allende?

KS: Coartar la libertad de expresión está ocurriendo en todo el país. Son en la mayoría de los casos, los alcaldes quienes ejercen con mayor dureza la represión. Es lamentable que en una ciudad que tiene tanto prestigio a nivel internacional, ocurran este tipo de atropellos; ya que hay que recordar que es también un sitio visitado por muchos extranjeros, lo que debería garantizar una mente abierta, sobre todo al escrutinio público.

Una “carta de disculpa” no repara los daños; tampoco garantiza que una situación de este tipo vuelva a ocurrir. Lo que sí puede dar mayor garantía es el castigo a los culpables; un castigo promovido por autoridades judiciales. Las políticas públicas podrán ser adoptadas pero hasta que el Estado entienda que el poder no es suyo. El poder es del pueblo a través de la democracia.

Otras denuncias ante Derechos Humanos

La administración del alcalde Mauricio Trejo se ha visto envuelta en controversia, también por las quejas ante la PDHEG. La primera—de la que el hecho fue difundido a nivel nacional—fue aquella que se derivó en marzo de 2013 cuando a un conductor y a su acompañante se le marcó el alto “por ingerir bebidas alcohólicas”. Los jóvenes, según informó la administración local, no obedecieron y fueron seguidos por una patrulla hasta el estacionamiento de un centro comercial. Los estudiantes, no bajaron del auto, por eso fueron amenazados por los oficiales de seguridad que rociaron gas lacrimógeno dentro del vehículo para más tarde bajar a los estudiantes y trasladarlos a los separos, entre otros abusos. Sobre este caso, la PDHEG recomendó al municipio sancionar a los policías identificados por violar los derechos humanos con uso excesivo de la fuerza, lesiones, amenazas y por esparcir agentes químicos para lograr el arresto de los conductores.

La Procuraduría también recomendó que hechos como éste se evitaran en el futuro. A las denuncias por no respetar los derechos humanos, se sumó la queja de dos extranjeras que denunciaron el abuso de poder por los elementos de seguridad pública mientras se realizaba un embargo.

El 31 de mayo del mismo año, el alcalde Mauricio Trejo firmó un convenio de colaboración institucional con el Procurador de los Derechos del Estado, Gustavo Rodríguez Junquera. Con la firma de ese convenio se pretendía capacitar a los elementos de Tránsito Municipal y Seguridad Pública para que respetaran los derechos humanos de los ciudadanos; sin embargo, el abuso se repitió en septiembre de 2013.

 

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