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Matrimonio en Guanajuato, por amor y no por género

Por Jesús Aguado y Tania Noriz

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el Código Civil de los estados en donde no se aprueba el matrimonio de las parejas del mismo sexo, incluido en ellos el Estado de Guanajuato. Así, la SCJN consideró que “vincular los requisitos del matrimonio con las preferencias sexuales y la procreación es discriminatorio”, por lo que ahora los jueces civiles deberán casar a cualquier pareja del mismo sexo que solicite el servicio.

El anuncio se dio durante la segunda semana de junio, justo antes del Día Internacional de la Diversidad Sexual, celebrado el 28 de este mes.

Mientras tanto en Guanajuato el gobernador Miguel Márquez Márquez, se ha deslindado del hecho y dejó todo en manos de la legislatura. Por su parte el Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, no sabe qué hacer y el presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, ha dado luz verde a los amparos.

La primera semana de junio, la SCJN ordenó la publicación en el Semanario Judicial la jurisprudencia 43/2015, en la que se determina que la ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación o que defina el término como “el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”. Ello entonces abrió de manera “silenciosa” las puertas en todo el país para que personas con preferencias por el mismo sexo puedan contraer matrimonio. Si el hecho fuera la procreación, entonces “no se podrían casar personas de cierta edad o personas que tienen alguna cuestión de salud”, sentenció Leticia Bonifaz, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos de la SCJN. Bonifáz indicó en un evento que la jurisprudencia se emitió a raíz de las resoluciones en que los jueces fallaron a favor de los derechos de esa minoría.  El Código Civil para el Estado de Guanajuato no incluye una definición de matrimonio y tampoco establece que deba ser entre un hombre y una mujer en su título quinto sobre el matrimonio; sin embargo en su artículo 144 indica que cualquier condición contraria “a la perpetuación de la especie” está por “no puesta”. En artículos subsecuentes se refiere a la pareja que contrae matrimonio como “cónyuges” y en otros como “el marido y la mujer”.

En el congreso del estado, en abril de este año, se planteó por parte de la Comisión de Justicia y diputados del PRI, que se reformara el código civil para que las uniones entre personas del mismo sexo fueran legales, sin embargo, la iniciativa no subió al pleno, indicó para Atención la diputada local Martha Helena Lara, debido a que los intereses de los diputados panistas (18, la mitad del congreso) “son más políticos que sociales”. Ello sin mencionar que ya en 2010 el entonces gobernador del estado Juan Manuel Oliva (PANista), junto con gobernadores del mismo partido en otros estados (Morelos, Jalisco, Tlaxcala, Sonora) se habían pronunciado ante la SCJN contra el matrimonio y la adopción para personas del mismo sexo en el Distrito Federal, cuando la asamblea legislativa aprobó la ley que lo permite.

Las opiniones de los funcionarios:

Gobernador Miguel Márquez Márquez

La página electrónica del Partido Acción Nacional (partido del que viene el actual gobernador Miguel Márquez Márquez) en su doctrina sobre persona y libertad indica que “toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, debe ser rechazada, corregida y en su caso sancionada”. Sin embargo, la diputada Lara dijo que no han promovido esa equidad e incluso se han mantenido en contra. Al ser cuestionado el gobernador Márquez sobre la jurisprudencia de la SCJN éste señaló tajantemente que “es un asunto que el congreso tendrá que evaluar y definir” y aclaró “estaremos respetando la decisión del congreso”. Aunque tiene la facultad de presentar iniciativas al congreso, Márquez dijo que respeta a la comunidad homosexual, que no tiene prejuicios, pero descartó que pueda enviar iniciativas de reforma al código civil y dejó el tema al congreso del estado. Aunque remarcó que será respetuoso de la ley.

Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López

Se le cuestionó si en las oficinas del Registro Civil casarán a personas del mismo sexo después de la jurisprudencia de la SCJN y éste contestó que aún no se le ha notificado la resolución. Indicó que si el Código Civil del Estado es inconstitucional entonces tendrá que reformarse. Pero si no se reforma el Código ni su reglamento en el estado, los registros civiles seguirán negando los matrimonios y reiteró “a menos que se reforme el Código Civil”. Dijo que los amparos tendrán que ser necesarios hasta ahora y que el tema se debe atender en el congreso. “Si alguien va ahora y solicita casarse, se lo vamos a negar porque no hay modificación al código o al reglamento. Pero si hay un amparo o una resolución que nos ordena, lo acataremos”. Indicó el secretario.

Miguel Valadez Reyes, presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado

Indicó que son jueces y están sujetos al ordenamiento jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque dijo que no conoce los detalles de la jurisprudencia, se tendrían que analizar y respetar los ordenamientos para emitir resoluciones de gente inconforme ante las negaciones del registro civil para casarse. Aseguró que como presidente no ve que el código necesite ser reformado, pues como jueces tienen que acatar la jurisprudencia. Aunque remarcó “lo más sensato es que se adecué el código”.

Diputada Martha Helena Lara, Comisión de Igualdad de Género

La diputada indicó que su comisión y la fracción del PRI han apoyado siempre la idea de que se reforme el código para que los matrimonios sean legales. “Se trata de derechos humanos, y deben respetarse. Debemos respetar las preferencias de las personas” indicó. Aseguró que la reforma no ha sido posible debido a que el partido con la mayoría en el congreso (PAN) “está en contra de la evolución natural de la sociedad” y sentenció que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho humano “y los derechos humanos deben ser prioritarios”.

La diputada subrayó que los Registros civiles deben casar a las personas porque ya hay una jurisprudencia. En el caso de que el registro niegue el derecho, entonces la pareja podrá solicitar un amparo ante un juez de distrito y éste le será entregado. Con el amparo, la pareja puede presentarse en el registro civil y entonces el juez debe garantizarles el derecho al matrimonio.

“Los homosexuales no son delincuentes”, remarcó la legisladora, debido a que dos semanas previas a esta entrevista, un grupo de gente que pide la reforma visitó el congreso y de éste lugar, se asignó a un guardia para que los siguiera a todas partes. “Fue terrible lo que sucedió. Es una minoría, la más grande del estado. Y debemos servirlos a ellos antes que a nuestros intereses políticos”, finalizó.

Aseguró la diputada que con el matrimonio, estas personas tendrían los mismos derechos y obligaciones que una pareja convencional.

En México la marcha más grande y en la que se protesta por la falta de reformas que garanticen los derechos humanos de la comunidad LGTB se celebra en la Ciudad de México. Este año en el que seguramente la comunidad lésbico, gay, bisexual y de transgénero, celebrará el logro ante la SCJN, según publica el diario Excélsior, ocurrirá el 27 de junio y se espera que reúna a unos 500 mil participantes.

 

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