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Erradicar violencia de género, un reto para la sociedad y el estado

Por Jesús Aguado

Aunque en Guanajuato “se hace la tarea para poner un alto a la violencia y discriminación contra la mujer” dijo el gobernador Miguel Márquez en marzo de este año. Por otro lado 56 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia. En San Miguel, un estudio realizado por el Instituto de la Mujer con una muestra de 500 mujeres indígenas, reveló que todas han padecido violencia de género.

En la ciudad hay dos instituciones que enfocan sus esfuerzos para disminuir la violencia hacia las mujeres (el Instituto de la Mujer y CASA—Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende—a través de su programa ELEGIR “Educación por la Libertad y Equidad de Género”) mismas que coinciden en que el trato que se da en la Unidad de Atención Integral a la Mujer del Ministerio Público a las víctimas de violencia ya sea psicológica, física, económica o patrimonial, es insensible y poco profesional, aunque el personal de la unidad esté compuesto por mujeres.

La Organización Nacional de las Naciones Unidas, ONU, señala que la violencia contra la mujer sigue siendo “una pandemia global”, ya que un 70 por ciento de ellas sufre algún tipo de violencia en su vida, que se traduce como violación a sus derechos humanos. El acoso que se genera en contra de éstas, señala la organización, afecta e impide el avance en muchas áreas, incluida la erradicación de la pobreza, lucha contra el SIDA, la paz y la seguridad.

La violencia contra la mujer, según la ONU es todo acto contra el sexo femenino que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual; esta consideración se dio en el año de 1993, después de que varios movimientos de mujeres a nivel internacional señalaron que los estados debían reconocer que la violencia de género no era sólo un acto privado sino social. En 1999 la Asamblea de las Naciones Unidas, declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a los gobiernos y organizaciones no gubernamentales a organizar actividades para sensibilizar a la opinión pública respecto al problema.

Organizaciones que previenen la violencia

En la ciudad, el Instituto Municipal de la Mujer (IMAM) celebrará, el 25 de noviembre, una serie de actividades en las que se incluyen obras de teatro, conferencias y talleres, dirigidas a dar un empoderamiento a la mujer; para que conozcan sus derechos y las oportunidades que tienen para afrontar la violencia que exista en sus vidas. Ese día, las actividades serán masivas y se incluirá la participación de organizaciones no gubernamentales y el propio Ministerio Público; pero… ¿es posible erradicar la violencia? Roxana Patlán, directora del IMAM, indica que es difícil terminar con la violencia de género debido a la cultura de tolerancia en la que se ha educado a las mujeres en el país, una cultura de “aguantar la cruz que nos tocó cargar,” además dice que el 50 por ciento de la violencia que se genera es por el desconocimiento que las mujeres tienen sobre sus derechos, y sobre quién y cómo pueden ayudarlas (muchas de ellas, ni siquiera conocen qué es la violencia, indicó Roxana Patlán.

La directora del IMAM prefirió reservarse el número—en escala de uno a diez—de la violencia que existe en San Miguel contra el género femenino, por considerar que era aventurado, pero mencionó que ese instituto trabaja los 365 días del año con mujeres tanto en la zona urbana como rural; informándoles sobre sus derechos y dependencias que pueden apoyarlas en caso de violencia. El Instituto también cuenta con el área de Atención a Víctimas de Violencia; un área en la que se ofrece primero asesoría general, apoyo psicológico y legal si es necesario. Patlán afirma que las mujeres que llegan al IMAM toman decisiones paulatinas “se informan y conocen sus derechos, solicitan asesoría psicológica y después jurídica; al final ellas deciden si se quedan con el agresor, pero ya saben que no deben permitir la violencia en sus vidas.” Cuando están bien informadas, remarca Patlán, las mujeres “ya no son las mismas que llegaron aquí, cabizbajas, sumisas, indefensas, con voz suave, eso es empoderarlas, que reconozcan sus derechos y los ejerzan.”

En 2012, el IMAM condujo un estudio con una muestra de 500 mujeres de 12 a 60 años, habitantes de las 27 comunidades indígenas; los números arrojaron que las 500 mujeres han sufrido violencia: en primer lugar lo ocupó la violencia psicológica, en segundo la económica y en tercer lugar la física. La comunidad de La Huerta fue la que más violencia arrojó en todos los aspectos y San Miguel Viejo ocupó el segundo lugar en la estadística. En esas comunidades el IMAM ha trabajado constantemente, trasladando la fuerza de esta dependencia al lugar.

Roxana Guerrero es la responsable del programa ELEGIR de CASA, que comenzó desde 1981 debido a que en los talleres de esa organización se ofrecía en la zona urbana y rural, se detectó un alto número de mujeres maltratadas. La organización maneja programas de prevención y además, como el IMAM, cuenta con apoyo psicológico y legal. CASA además cuenta con un albergue en el que las mujeres—incluso niños—pueden ser resguardadas hasta por tres meses, recibiendo atención constante para que pueda iniciar una nueva vida, libre de violencia. Ambas organizaciones ofrecen a las víctimas un “acompañamiento”, es decir, apoyo jurídico presencial en el Ministerio Público, en donde coinciden; el trato es insensible y poco adecuado; debido a que los servidores públicos de ese lugar no entienden el estado de vulnerabilidad de la víctima.

El papel del Ministerio Público

Oficialmente, la Unidad Integral de Atención a la Mujer en San Miguel se abrió en mayo de este año, sin embargo la titular de esta área en el municipio, Raquel Andrade, y la jefa de Unidades en el Estado, Victoria Sánchez, informan que ya desde 2013 se había comenzado a trabajar con esta área multidisciplinaria, debido al incremento de casos graves contra las mujeres. La Unidad, comentan, fue creada en enero de 2014. Ésta unidad—que investiga los delitos—cuenta con ludoteca para los niños, cámara Gesell, agente del MP, médico, psicólogo y trabajador social, además del área de análisis.

El grupo multidisciplinario, aseguran las responsables, investigan cada caso, sea de querella o de oficio, nunca se archivan sino hasta agotar todos los medios de prueba y aseguran; “de otra forma los casos se reservan o judicializan”. Andrade y Sánchez desmintieron que el trato no sea amable pues dicen que la intención desde la creación de las unidades es dar un trato sensible, especializado y empático a las víctimas. Comentó Sánchez “hay gente que se va muy agradecida por recibir un trato completamente distinto al que esperaban”; y aclaró que desde la implementación de esta área la atención ha cambiado, pues ese es un derecho que tienen las víctimas; “intentamos que se sientan bien pues sabemos que vienen dañadas emocionalmente, las escuchamos, asesoramos y canalizamos. Tratamos de que la víctima salga lo menos afectada posible” finalizó e invitó a que las mujeres tengan confianza en que esa dependencia hará la investigación conducente para resolver sus casos.

Alerta de género

Ante el número en acenso de feminicidios en el estado, la organización Las Libres, presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres una petición para que en el estado se declarara una alerta de género. La solicitud fue presentada en tres ocasiones, hasta que fue aceptada por la Secretaría de Gobernación el 6 de abril de 2014, después de que el número de feminicidios fue de 75 en 2013. En Julio de este año, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; rechazó declarar la alerta y emitió recomendaciones al gobierno del estado, que deberán cumplirse antes de febrero de 2015, de lo contrario se declararía la alerta. Entre las recomendaciones se encuentra emitir reformas penales para considerar como delito grave el abuso a las mujeres y la violencia intrafamiliar. También se recomienda al gobierno del estado destinar recursos públicos para atender a las víctimas de violencia y dar seguimiento a los casos de homicidio y dar a conocer a la familia de la víctima el resultado final; si el responsable fue detenido, sentenciado y hacer la reparación del daño. También se incluye que el gobierno debe capacitar a los trabajadores de los Ministerios Públicos sobre la violencia de género y los protocolos para atender ese tipo de delitos.

 

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