Se presume inocente: nuevo sistema de justicia penal

Por Antonio De Jesús Aguado

Tanto mexicanos como extranjeros residentes en la ciudad, no alcanzan a entender el nuevo sistema de justicia penal. La desinformación los ha llevado a creer que aquellos que cometen un crimen y son detenidos por la policía municipal, son liberados por el Ministerio Público 48 horas después, al pagar una fianza, y que vuelven a delinquir; esa información es errónea, y tiene sus bases en la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato.

El subprocurador de justicia René Urrutia, explicó para Atención que el nuevo sistema acusatorio que opera en el estado se deriva de una reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 y que en Guanajuato entró en vigor en septiembre de 2011. Ese sistema es completamente contradictorio al anterior, que aún se maneja en algunos estados del país, ya que prevalece el principio de presunción de inocencia “toda persona es inocente, hasta que no se demuestre su responsabilidad en sentencia firme”. Urrutia aclaró que el nuevo sistema pretende desahogar los procesos penales de una manera más ágil.

Prisión preventiva

La nueva ley, establece que toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, es decir, que no sea encarcelado hasta que se demuestre que cometió o participó en algún delito grave. El subprocurador señaló que en el sistema anterior “de corte inquisitivo”, la mayoría de los delitos tenían prevista una pena privativa de libertad, aunque no se hubiera comprobado su responsabilidad en la comisión de un hecho delictivo. La

persona señalada debía permanecer en la cárcel mientras se investigaba si era o no culpable. La ley se anticipaba a detener a la persona para asegurarse que, en el caso de ser culpable, pagaría por ello. Esa medida, según el funcionario, llevó a llenar los CERESOS (Centro de Readaptación Social) de gente sujeta a procesos que duraban meses o años. Al final, si la persona resultaba inocente, sólo había el “disculpe usted”.

Para que una persona sea privada de su libertad, aclaró Urrutia, debe haber sido detenida en flagrancia, esto es cuando el presunto autor o partícipe del hecho sea sorprendido en el momento de cometerlo o que haya participado en él. También hay flagrancia cuando inmediatamente después de haberlo cometido, el responsable es perseguido y detenido materialmente; cuando alguien señala al responsable y en su poder se encuentra el objeto del delito, el instrumento con el que lo haya cometido, o que tenga indicios de haber participado en el crimen.

Por ello, cuando los detenidos—regularmente por la policía preventiva—son entregados al Ministerio Público, éste primero tiene que verificar que la detención se haya hecho apegado a la ley, que realmente exista la flagrancia, de lo contrario, el hecho se califica como detención no legal y determina la liberación del detenido.

Si es apegado a la ley y hay flagrancia o indicios, la detención se califica como legal y el MP tiene 48 horas para integrar una investigación. Con este periodo, se da certeza jurídica al presunto culpable y  se determina si le otorga la libertad o se pone a disposición de un juez. En ese tiempo, puede comprobarse si las circunstancias del hecho son o no son constitutivas de un delito.

De acuerdo con la ley, el juez solicitará oficiosamente la prisión preventiva en los casos de homicidio doloso, violación, secuestro, delitos graves cometidos con medios violentos como armas y explosivos, corrupción y prostitución de menores; y otros contra la salud pública y personal, cuando sean considerados como graves.

Medidas cautelares

Urrutia explicó que cuando un delito no está clasificado dentro de los de gravedad, el juez puede determinar la liberación de una persona detenida, bajo varias medidas cautelares. Aclaró que el estar libres no quiere decir que no estén sujetas a un proceso. Esas medidas cautelares, están diseñadas para evitar que los señalados como culpables se extraigan de la justicia. Algunas de esas medidas incluyen la prohibición de salir de la localidad en la que reside, del territorio que dicte el juez o incluso del país. La obligación de presentarse periódicamente frente al juez o la autoridad que él designe. La colocación de localizadores electrónicos—esta medida no ha sido aplicada por controversia con los derechos humanos. Prohibición de acudir a ciertos lugares o reuniones, convivir o comunicarse con determinadas personas. La ley también señala como medidas cautelares: la suspensión provisional del goce de sueldo, suspensión del ejercicio profesional, detención en el domicilio, entre otras.

Si un robo no es un delito grave por la forma en que se cometió y no hubo medios violentos y no hay pruebas suficientes para acreditar al juez, que si a esa persona no se le aplica una medida de detención preventiva puede extraerse de la justicia, se debe dejar en libertad.

“Eso es lo que ha venido ocurriendo y la gente piensa que siempre son 700 pesos de fianza y le dan dinero al MP y por eso se van. Sí, la gente no permanece privada de la libertad, pero eso no quiere decir que no esté sujeta a un proceso de justicia penal”, precisó el subprocurador.

Una vez que la persona está sujeta al proceso, el MP debe seguir investigando, y una vez que tiene la información suficiente, judicializa el hecho—lo envía a un juez—para que se declare el tiempo de investigación complementaria y el plazo puede ser de dos a cuatro meses, con prórrogas según la decisión del

juez. Posteriormente, se prepara el juicio oral.

Proceso de mediación

Cuando la gente va al MP a presentar una denuncia y los hechos son susceptibles de ser resueltos con algún proceso alternativo, de inmediato se les ofrece un proceso de mediación. Si los afectados lo aceptan, entonces, previo a iniciar una carpeta de investigación criminal, se genera un número de folio para la Agencia Especializada en Conciliación. El agente convoca a la parte contraria en la controversia para que establezca acuerdos con la parte afectada. Si se generan acuerdos se suspende el procedimiento penal y se espera a que se cumplan los acuerdos para cerrar el caso. En esta opción puede haber reparación del daño, según sea el caso.

Este proceso de mediación puede darse en cualquier momento en un caso avanzado, de acuerdo a la voluntad de las partes involucradas.

El subprocurador precisó que con todo el aparato legal que hay en la PGJ (Procuraduría General de Justicia del Estado) no sería posible resolver todos los casos que ocurren, por ello se ofrece esta opción de conciliación y mediación. “Este sistema lo que trata es de que se lleve a juicio aquellos casos que lo ameriten, donde todo el aparato estatal se vuelque sobre la investigación de los hechos”, dijo.

El inculpado tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende o no habla español; aunque también puede nombrar a un traductor de su confianza—por su cuenta.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato informó para Atención que en los 10 CERESOS del estado, ubicados en San Miguel de Allende, Pénjamo, Celaya, Irapuato, Salamanca, León, Guanajuato, Valle de Santiago, Irapuato y San Felipe hay un total 4,014  internos, mismos que generan un gasto individual de 157.70 pesos diarios. Sin embargo, se reservó la respuesta a la pregunta: “con el uso del nuevo sistema de justicia penal ¿se ha reducido el número de internos?”


 

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