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Indígenas dicen SÍ a la autopista, NO al trazo

Por Antonio De Jesús Aguado

Ahora que la construcción de la autopista San Miguel-Guanajuato está a punto de comenzar, otomíes de más de 20 comunidades indígenas así como organizaciones civiles, se han unido para solicitar al gobierno del estado que se cambie la traza, ya que la vía de circulación impactaría irreversiblemente el patrimonio arquitectónico, religioso, ambiental y cultural de los pueblos que dieron origen a la fundación de este municipio. Los activistas han reiterado “no estamos en contra de la autopista, sino de la traza”.

La Autopista

Ricardo Vidargas, quien tiene una propiedad cercana al área de impacto, dijo que este proyecto comenzó hace unos seis años, cuando varios ingenieros llegaron a registrar medidas en terrenos cercanos, los trabajadores de gobierno comentaron con Vidargas  que el trabajo era para la construcción de una carretera que comunicaría a la comunidad de Montecillo con Cruz del Palmar, sin embargo, un año después, otros ingenieros le informaron que el registro de medidas y terrenos era para la construcción de una autopista “que conectaría Lázaro Cárdenas Michoacán con Tampico, Tamaulipas”. Vidargas comenzó a investigar sobre el tema y fue como se involucró con más ciudadanos.

En diciembre de 2010, el gobierno del estado de Guanajuato y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acordaron concesionar la “Autopista Bicentenario”, que tendría una inversión de 2 mil 500 millones de pesos. Ese mismo mes, el entonces gobernador Juan Manuel Oliva, informó que esta carretera tendría una extensión de 80 kilómetros con dos carriles de circulación; comenzaría en Silao, pasaría por Guanajuato, entroncaría con la carretera a Juventino Rosas, desembocaría en la carretera a Dolores por el Xoconoxtle para concluir en San Miguel de Allende. Oliva Ramírez anunció que la construcción potenciaría el desarrollo regional al conectar el corredor industrial, además dijo mejoraría el triángulo dorado del turismo, formado por Guanajuato, Dolores y San Miguel.

Finalmente, el 2 de julio de este año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó la licitación para la construcción del proyecto. El gobernador Miguel Márquez informó que el fallo se emitirá el 17 de septiembre próximo. La construcción comenzaría en enero del próximo y operaría a partir del año 2016 (no se precisó la fecha).

Construcción marcaría la decadencia de las comunidades

Una vez que las intenciones fueron públicas, vecinos de comunidades otomíes, por las que cruzaría la autopista, se reunieron para solicitar un nuevo trazo de la construcción.  La Secretaría de Obra Pública (SOP)  realizó ocho trazos, de los cuales, según los activistas sociales, entre los que se encuentran César Arias y Arturo Morales, “eligieron el peor”. Actualmente, según conclusiones emitidas por los involucrados a favor del cambio de la traza, la opción elegida por la SOP, impactaría 70 bienes arqueológicos prehispánicos, más de 20 yacimientos paleontológicos, 100 comunidades rurales (entre ellas más de 20 grupos indígenas), más de siete confluencias de ríos, arroyos y humedales naturales.

César Arias, presidente de El Charco del Ingenio, dijo que la construcción de esta autopista sería “el principio del fin de las comunidades indígenas”. Además remarcó que causa impacto en la ruta de capillas, que datan del siglo XVI. Estas capillas, dijo Graciela Cruz, historiadora de San Miguel de Allende, son lugares donde los nativos veneran no sólo a sus dioses, sino a sus ancestros (Lea el artículo “Capillas Virreinales, entre el rescate y el olvido”). Estos monumentos, dijo Arias, deben protegerse.

Una de las zonas arqueológicas que impactaría el proyecto está una junto a Cruz del Palmar, “la carretera pasaría por encima y la separaría del Calvario, un montículo con el que visualmente se conectan varias las comunidades”. Es una zona arqueológica con potencial turístico “y ¿quién va a querer ver una zona con los tráilers pasando por un lado?” cuestionó Arias.

Arias calificó el proyecto carretero como “depredador del medio ambiente” porque no coincide con el Plan de Ordenamiento Territorial Ecológico del estado o del municipio, y además afirmó, no existe una manifestación de impacto ambiental emitida por la SEMARNAT, por ello, la licitación de la autopista podría no estar dentro del marco legal.

Finalmente, la vía de comunicación separaría a comunidades enteras, según Arias, en rancho Nuevo de Banda parte a la mitad la comunidad. “Queda desarticulada”, dijo, “elimina parte de la secundaria; además de la primaria, el pozo y el centro de la comunidad quedarían del otro lado de la autopista”.

Procesos en primeras instancias

Posterior a la licitación del 2 de julio, el tema de la autopista se reavivó, y ahora ha puesto en jaque al gobierno del estado, que en algún momento sugirió que los pueblos indígenas debían sacrificarse por el desarrollo. El 8 de agosto, Magdaleno Ramírez quien es presidente del Consejo Estatal de Pueblos Indígenas, acudió ante autoridades estatales para entregar una carta, en la que manifiestan que las comunidades otomíes están de acuerdo con el progreso y desarrollo económico que la nueva vía de comunicación puede traer a la ciudad o las comunidades. “Nunca nos hemos opuesto”, reitera. Sin embargo aclara que están en contra del trazo, ya que atraviesa sus centros ceremoniales e incluso escuelas y viviendas. Este proyecto, expone la carta, no sólo desaparecerá los espacios físicos sino también las tradiciones, que aunque criticadas, han sido conservadas. Además proponen un nuevo trazo.

El nuevo proyecto, que está basado en el número uno de la SOP, igualmente impacta algunos espacios, sin embargo aclaró Arturo Morales, es de los daños el menor. Este trazo cruzaría por terrenos de Dolores Hidalgo, impactaría un sitio arqueológico en San Antón de Ceballos “tan importante como Cañada de la Virgen”, otro sitio en la comunidad de Las Trojes y uno más denominado Nombre de Dios. Los activistas han propuesto una nueva línea en la que resultan intactos los sitios anteriores.

Ramírez también ha solicitado se anule el visto bueno del INAH para el proyecto y que se impugne la licitación por no existir una manifestación de impacto ambiental por la SEMARNAT.

Por su parte, César Arias se reunió con María Teresa Franco, directora nacional del INAH, para expresarle el apoyo de más de 10 asociaciones civiles para los pueblos indígenas, así mismo, para solicitar se anule el visto bueno del INAH para la construcción del proyecto, que se hizo con varios errores.

El miércoles 14 de agosto, en una visita a Cruz del Palmar, Atención localizó al profesor Magdaleno Ramírez sobre un montículo (zona arqueológica), en donde dijo que ha estado yendo allí cada día, ya que autoridades estatales le dijeron que asistirían para realizar un recorrido por la zona, pero eso no ha sucedido. Él quiere que en ese recorrido haya representantes de la Comisión de Pueblos Indígenas CDI, Secretaría de Desarrollo Social SEDESU, SOP, Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y del municipio. Aclaró que no han tenido respuesta de los documentos entregados a autoridades estatales, pero ya cuentan con un abogado que ha comenzado los procesos legales para apoyarlos. “No queremos que dañen nuestro patrimonio que se ha heredado por generaciones, la gente no está de acuerdo y vamos a luchar pacíficamente para que haya una solución y todos ganemos” manifestó.

La historiadora Graciela Cruz dijo para Atención que los documentos más antiguos que existen sobre San Miguel de Allende datan de 1550 y en ellos se menciona a varias comunidades indígenas, que dieron origen a Atotonilco y que están íntimamente ligadas con las tradiciones de San Miguel de Allende. Cruz informó que se cuida el centro histórico y Atotonilco, pero no se cuida a las regiones que dieron origen a ese patrimonio tan rico, sin esas comunidades no se entendería el patrimonio actual, aclaró. “Es imprescindible que el área se proteja”, remarcó. Cruz también dijo que las comunidades están integradas geográficamente así como por su tradición, cultura, caminos ancestrales, recorridos de las procesiones, formas de vida; y por eso no deberían colocarse fronteras divisorias entre ellas.

Breaking News

El sábado 19 de agosto, autoridades estatales, entre ellas el secretario de Obra Pública Arturo Durán, se reunió con Magdaleno Ramírez en la comunidad de Cruz del Palmar, en donde le dijo que si el trazo se cambiaba, la autopista no se construiría. Ramírez invitó a Durán a conocer la zona arqueológica que cruzaría y de acuerdo con Arturo Morales, una presentación del arqueólogo Omar Cruces Cervantes “en el momento de la información más importante” fue interrumpida por personal de la SOP “pues no habría tiempo para un recorrido”.

Un recorrido, sin miembros de la prensa, se llevó a cabo en un camión. El periódico La Jornada publicó en un artículo que Demetria Hernández Álvarez, consejera indígena que participó en el recorrido declaró “nos hablan de beneficios, pero nunca dijeron cuáles”.

Secretaría de Obra Pública informó que después de la reunión hubo varios acuerdos, entre ellos; la SOP se compromete a entregar el proyecto de autopista nuevamente al INAH. Sin embargo, Magdaleno Ramírez dijo para Atención que “no fueron acuerdos, fueron sólo comentarios que nosotros no aceptamos, ellos dicen que todo es bonito, pero no es así”. Ramírez también dijo que seguirán en contra del proyecto y darán seguimiento legal al proyecto.

Arturo Morales dijo que ahora el INAH decidirá el futuro de dicha construcción. Además aseguró que la SOP únicamente está preocupada por las finanzas del proyecto y no del patrimonio, pero aclaró que ellos como activistas respetarán la decisión del INAH.

 

 

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