Policías respetarán los derechos humanos

Por Antonio De Jesús Aguado

San Miguel de Allende tiene 15 quejas, de las 400 presentadas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, motivo por el cual ha recibido 11 recomendaciones, entre ellas la del caso de abuso de autoridad suscitado en marzo 19 contra dos estudiantes de derecho.

El 31 de Mayo, el alcalde Mauricio Trejo firmó un convenio de colaboración institucional con el Procurador de los Derechos del Estado, Gustavo Rodríguez Junquera. En este convenio se considera la capacitación de los elementos de Tránsito Municipal y Seguridad Pública para que respeten los derechos humanos de los ciudadanos. Trejo expresó que su administración tiene como prioridad la seguridad y disminuir los índices delictivos, pero también tiene el objetivo de no recibir más recomendaciones por parte de la Procuraduría, aclaró que la línea para violentar los derechos humanos es muy delgada y por eso trabajarán con esa dependencia estatal para que haya policías que respeten los derechos de los ciudadanos; además pidió a los sanmiguelenses confianza, apoyo y respeto para las autoridades.

El Procurador Rodríguez Junquera informó que, en los últimos ocho meses en Guanajuato se han conformado 400 expedientes, de los cuales la mayoría son por detenciones arbitrarias y uso ilegítimo de la fuerza.

Aunque no se precisaron los casos, 15 quejas pertenecen a San Miguel de Allende, motivo por el cual se han emitido 11 recomendaciones, mismas que el municipio ha aceptado en su totalidad. Dentro de esas observaciones, se encuentran las derivadas del caso que proyectó a San Miguel como un municipio donde los policías abusaban de su poder por el incidente ocurrido en marzo de este año.

Todo comenzó cuando a dos jóvenes se les marcó el alto, según informó Seguridad Pública, por ingerir bebidas en vía pública al conducir; los jóvenes no obedecieron y fueron seguidos hasta el estacionamiento de un centro comercial. Los estudiantes no bajaron del auto, por eso fueron amenazados por los oficiales de seguridad, rociaron gas dentro del auto, fueron sacados a la fuerza del vehículo y trasladados a los separos, entre otros abusos. Sobre este caso, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado recomendó al municipio: sancionar a los policías identificados, por violar los derechos humanos con uso excesivo de la fuerza, lesiones, amenazas y por esparcir agentes químicos para lograr el arresto de los ciudadanos. El documento solicita que el municipio reembolse a los afectados los 600 pesos de multa pagados por cada una de las víctimas, se pide que haya personal médico en la cárcel municipal y evitar hechos como este en el futuro. Por otro lado caso de dos extranjeras que denunciaron abuso de poder por parte de autoridades, días posteriores al caso mencionado, está bajo investigación según el procurador.

Rodríguez Junquera expresó que el ciudadano no debe sentirse molestado por la autoridad, además comentó que el municipio aceptó todas las recomendaciones y que su dependencia las hizo porque tenía pruebas contundentes para hacerlas. El procurador concluyó que la Procuraduría de los Derechos Humanos no se opone a la persecución de los delitos, pero dijo “hay que hacerlo con respeto a los derechos de todos”. Dijo que espera en el futuro poder capacitar en materia de derechos humanos a todos los servidores públicos municipales que tienen contacto con el público.

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